Discrepancia entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la pena de Junqueras

Foto de archivo
Discrepancia entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la pena de Junqueras

La Abogacía elimina el delito de rebelión y apuesta solo por los de sedición y malversación

La principal diferencia entre los delitos de rebelión y de sedición es el componente de la violencia. La rebelión castiga a quienes “se alzaren violenta y  públicamente”. La sedición, a los que se alcen “pública y tumultuariamente”. 

La Fiscalía ve delito de rebelión, agravado con malversación de caudales, y pide 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Juqueras, por su papel como líder del procés. El ministerio público atribuye también ambos delitos a los otros exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa), para los que solicita 16 años de cárcel. A los otros tres procesados encarcelados (Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) se les acusa de rebelión pero no de malversación. Aún así, son considerados "promotores o jefes" y la fiscalía solicita para ellos 17 años.

Por su parte, la Abogacía del Estado sólo ve delito de sedición y malversación, por lo que la pena se vería reducida a 12 años de cárcel para Junqueras. Para los exconsejeros de la Generalitat Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa la petición de pena es de 11 años y medio por los mismos delitos de Junqueras. Para Forcadell, solicita 10 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por sedición. Al mismo tiempo, solicita la inhabilitación de todos ellos por el mismo periodo de la condena de cárcel.

Para los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados —Borrás, Mundó y Vila— la petición de la Abogacía es de siete años de prisión y diez de inhabilitación por malversación y desobediencia grave. Para los Jordis, a los que considera autores de un delito de sedición, pero no con el agravante de autoridad, le pide ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Para los miembros de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, se reclama multa de 10 meses e inhabilitación de un año y ocho meses por desobediencia grave. Este mismo delito se aplica al también exintegrante de la Mesa Josep Nuet y a la dirigente de la CUP Mireia Boya, para los que pide una pena menor: ocho meses de multa y cuatro de inhabilitación. 


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