España niega ante el Tribunal de Derechos Humanos que grabar a trabajadoras que robaron no vulnera la privacidad

España niega ante el Tribunal de Derechos Humanos que grabar a trabajadoras que robaron no vulnera la privacidad
España niega ante el Tribunal de Derechos Humanos que grabar a trabajadoras que robaron no vulnera la privacidad

La Sala de la Corte europea condenó a España por no proteger la privacidad de las cinco demandantes, que fueron despedidas tras ser grabadas por una cámara oculta

España negó hoy ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se vulnerara la privacidad de cinco empleadas de un supermercado Mercadona de la localidad barcelonesa de Sant Celoni, despedidas en 2009 por hurto tras haber sido grabadas con cámaras ocultas.

"Aceptamos que se debió haber informado de la instalación de las cámaras, pero esto no significa una violación del artículo 8", dijo ante la Gran Sala de 17 jueces el abogado del Estado español, Rafael León Cavero, en referencia al respeto de la privacidad garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El pasado 9 de enero, la Sala de la Corte europea condenó a España por no proteger la privacidad de las cinco demandantes, que fueron despedidas tras ser grabadas por una cámara oculta, cuya existencia desconocían, mientras se llevaban productos del supermercado.

Ese fallo, recurrido por España ante la Gran Sala, implicaba el pago de 4.000 euros por daños morales a cada una de las demandantes, tres cajeras, una frutera y una pescadera de Mercadona, residentes en Sant Celoni y en Sant Pere de Vilamajor.

Se trata de Isabel López Ribalda, María Ángeles Gancedo Giménez, María del Carmen Ramos Busquets, Pilar Saborido Apresa y Carmen Isabel Pozo Barroso.

La sentencia fue aprobada por seis votos contra uno y la indemnización por cuatro frente a tres.

El representante del Gobierno se apoyó en su alegato de hoy en el voto parcialmente disidente del juez andorrano, Pere Pastor, y de la eslovaca, Alena Polackova, que en enero consideraron que el fallo "constituye en sí una reparación suficiente por los daños sufridos".

Las denunciantes habían sido informadas en febrero de 2009 de que el supermercado había tenido pérdidas en existencias de entre 7.780 y 24.614 euros al mes. Cuatro meses después, se instalaron cámaras de vigilancia ocultas en el área de las cajas para descubrir posibles robos de los empleados.

En las imágenes que grabaron, se veía que las cajeras escaneaban los productos de las cestas y luego los anulaban, de forma que "permitían a clientes y compañeros abandonar la tienda con productos por los que no habían pagado".

El abogado de las demandantes, José Antonio González Espada, dijo en la vista que "no existe ninguna sentencia penal que declare culpables" a las empleadas, porque "el delito de faltas se acabó archivando".

González Espada insistió en que "desviar el debate a posibles hurtos convertiría a esta Gran Sala en una cuarta instancia" y pidió que se proteja el derecho a la intimidad de sus clientas "para evitar que el control de las empresas reduzca la privacidad de los trabajadores a cero".

Tras la vista de esta mañana, la Gran Sala inició el periodo de deliberaciones y publicará una sentencia en los próximos meses.

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