La justicia da la razón a una mujer que fue sustituida por un programa informático

La justicia da la razón a una mujer que fue sustituida por un programa informático
La justicia da la razón a una mujer que fue sustituida por un programa informático

El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado esta semana improcedente el despido de una administrativa de Lopesan Hotel Management S.L. que llevaba 13 años en el puesto para ser suplida por un programa informático o bot de gestión

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una nota de prensa en la que explica que la autoridad judicial ha rechazado las "causas objetivas" alegadas por empresa para rescindir el contrato a la mujer, mientras que si no se readmitiera a la trabajadora en un plazo de cinco días desde la notificación del fallo, la indemnización aumentaría a 28.305 euros (33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades).

Asimismo, el juzgado obliga a la emprea a indemnizar a la trabajadora con 863 euros más intereses por omitirse el preaviso de despido que debería haberse llevado a cabo en una extinción de contrato injustificada. El fallo recoge que la empleada comenzó su labor en junio de 2006 en las oficinas centrales de Lopesan como oficial de contabilidad, hasta que, en diciembre del 2018, la firma adquirió la licencia de Jidoka, un RPA (acrónimo de Robotic Process Automation o Automatización Robótica de Procesos) para la gestión de cobros.

Además, la sentencia relata que esta máquina "realiza tareas desde las 17.15 hasta las 6.00" en los días laborales y "en los festivos trabaja 24 horas". La resolución judicial apunta que el 29 de marzo de 2019 la empleada recibió "una carta de despido objetivo por causas técnicas", misiva que también recibieron otros compañeros de su departamento.

El juez no acepta que el caso se ajuste a las "causas técnicas, organizativas y productivas" alegadas por la empresa para justificar el despido objetivo, y subraya que la reforma laboral aprobada en 2012 "no exime al empleador del deber de acreditar que real y efectivamente atraviesa por dificultades de cierta entidad para cuya superación es medida adecuada y razonable la extinción de contratos de trabajo".

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