Investigan a la empresa responsable del brote de listeriosis por un presunto delito de alzamiento de bienes

Investigan a la empresa responsable del brote de listeriosis por un presunto delito de alzamiento de bienes
Investigan a la empresa responsable del brote de listeriosis por un presunto delito de alzamiento de bienes

En un comunicado, Facua, personada en la causa que investiga el juzgado de instrucción 10 de Sevilla, señala que un auto de la magistrada -del 7 de octubre- une la insolvencia punible a la lista de delitos objeto de investigación

Facua ha explicado ayer que la jueza que investiga el caso de la listerioris ha pedido investigar las actividades económicas y bienes de diez empresas y nueve personas "que pudieran estar realizando labores de testaferro" de Magrudis y si esta podría haber cometido un delito de alzamiento de bienes.

En un comunicado, Facua, personada en la causa que investiga el juzgado de instrucción 10 de Sevilla, señala que un auto de la magistrada -del 7 de octubre- une la insolvencia punible a la lista de delitos objeto de investigación, aunque fuentes del TSJA han dicho que la magistrada no ha realizado imputación alguna.

Por este caso permanecen en prisión provisional sin fianza el administrador de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis SLU.

Según la asociación, de las dos sociedades citadas, "existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido 5 empresas registradas y 4 de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables".

Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que paralizaron su actividad tras acumular deudas.

Además, se pone de manifiesto que una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL, según ha explicado Facua.

También señala el auto, citado por la asociación, que el 23 de agosto se tuvo conocimiento de que la empresa Comercial Martínez León SL comercializaba productos procedentes de la trama investigada, una información "que fue ocultada por los responsables de Magrudis".

"Se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno", expone el auto, según señala la asociación.

La jueza ha pedido a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice "el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro".

La citada Oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias que pudieran provenir de los hechos investigados en relación a nueve personas y diez empresas, tras lo que facilitará los datos que obtenga a los miembros de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil que llevan a cabo la investigación.

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