El Govern justifica las cargas policiales pero afirma que simpatiza con el movimiento social

El Govern justifica las cargas policiales pero afirma que simpatiza con el movimiento social
El Govern justifica las cargas policiales pero afirma que simpatiza con el movimiento social

Budó ha indicado que el dispositivo policial del pasado lunes iba dirigido a proteger no solo a los usuarios del Aeropuerto de Barcelona sino también a los manifestantes

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha expresado este martes que "comparte" las protestas en El Prat pero a la vez, en una reconocida "contradicción", ha justificado las cargas de los Mossos d'Esquadra frente a las críticas, algunas incluso procedentes de ERC.

El Aeropuerto de El Prat ha amanecido este martes tranquilo, tras una jornada larga y complicada por el alud de personas que ayer colapsó la instalación para protestar por la sentencia del 'procés', lo que conllevó la cancelación de más de un centenar de vuelos y la actuación de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

En este contexto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presidido este martes los actos de homenaje al expresidente catalán Lluís Companys, fusilado por el franquismo hace 79 años, y, recordando su figura, ha prometido "no desfallecer nunca" en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Acto seguido, Torra se ha desplazado al Palau de la Generalitat para presidir un Consell Executiu extraordinario -aunque celebrado en su día y hora habitual-, tras el cual la consellera Budó ha tratado de hacer equilibrios entre las simpatías por las movilizaciones contra la sentencia -incluida la de El Prat- y la garantía de la seguridad pública.

Por un lado, ha afirmado que el Govern "comparte la rabia de la gente" ante la sentencia del 'procés' y "comparte" que los ciudadanos expresaran su "solidaridad y empatía" con manifestaciones de forma "pacífica y cívica", pero también con "acciones contundentes como es el colapso de una infraestructura tan importante como el Aeropuerto de El Prat".

Pero ha remarcado que el Govern -que asegura que no conocía los planes de la plataforma Tsunami Democràtic, convocante de la protesta- también debe actuar para garantizar la seguridad y el "normal funcionamiento" de las infraestructuras, y esto acarrea a veces "contradicciones difíciles de resolver".

Budó ha indicado que el dispositivo policial del pasado lunes iba dirigido a proteger no solo a los usuarios del Aeropuerto de Barcelona sino también a los manifestantes.

Y lo ha justificado porque, de romperse el cordón policial, los concentrados podrían haber invadido las pistas de aterrizaje, acto por el que "te pueden acusar de delitos tan graves como la sedición", ha afirmado.

En todo caso, Budó ha puntualizado que hubo 220 concentraciones en Cataluña que "muy mayoritariamente" fueron pacíficas y que hubo acciones "puntuales" no cívicas que no comparte y ante las que tuvo que actuar la policía autonómica.

Frente a las críticas sobre la actuación policial, la consellera ha precisado que se revisarán las imágenes conflictivas de las acciones de los Mossos d'Esquadra, antes de pronunciarse sobre las mismas.

Las lluvia de críticas a las cargas policiales no solo han venido de las filas de los comunes, que han pedido directamente la dimisión del conseller del Interior, Miquel Buch (JxCat), sino también desde los socios de ERC, pues su candidato al 10N Gabriel Rufián ha pedido "explicaciones ya" a su Govern.

A la espera de las nuevas movilizaciones -convocadas o no- para los próximos días en las calles, en la vertiente institucional el debate estará en el Parlament el próximo jueves.

Torra comparecerá en la Cámara catalana para explicar su propuesta pero solo en formato de comparecencia, sin someter a votación ninguna propuesta.

La votación en pleno de una eventual propuesta de resolución relativa al derecho a la autodeterminación es un asunto delicado, especialmente para la Mesa presidida por Roger Torrent (ERC), que ya tiene una advertencia del Tribunal Constitucional sobre posibles consecuencias penales de admitir propuestas que contravengan sus resoluciones.

En todo caso, Budó ha asegurado que JxCat y ERC siguen trabajando en una propuesta de resolución que pueda votarse en el próximo jueves o, si no, más adelante, pues entiende que la Cámara deberá realizar un "pronunciamiento" sobre la sentencia.

Por otro lado, Torra, que este martes ha visitado a los presos condenados, enviará una carta a los primeros ministros de la UE, del G20 y de EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, en sus siglas en inglés) para explicar la situación en Cataluña después de la sentencia.

Al menos hasta el jueves, las agendas del president y los consellers quedan reservadas solo para actos de rechazo a la sentencia del 'procés' y se suspende el resto.

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