Los ayuntamientos son los que tienen la competencia para sancionar las infracciones por incumplimientos

Los ayuntamientos son los que tienen la competencia para sancionar las infracciones por incumplimientos
Los ayuntamientos son los que tienen la competencia para sancionar las infracciones por incumplimientos

Los ayuntamientos son los que tienen las competencias para incoar y sancionar las infracciones por las restricciones derivadas de la situación epidemiológica. Así, las administraciones locales tendrán que aprobar una ordenanza municipal.

Los ayuntamientos son competentes para incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores relacionados con el incumplimiento de las restricciones sanitarias vigentes para frenar la pandemia de covid-19, según consta en un informe del Consello Consultivo de Galicia.

Este órgano responde así a la consulta elevada por la Xunta para conocer su criterio sobre esta cuestión, tal y como se acordó en la reunión del pasado 5 de octubre entre el Gobierno gallego y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

El informe del Consello Consultivo señala que los alcaldes ostentan la competencia para la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus -tanto las establecidas a nivel estatal como las de carácter autonómico- dentro del ámbito de sus competencias: industrias, actividades, servicios y transportes, edificios, lugares de vivienda y convivencia humana.

De la misma forma, el Consello Consultivo considera que los ayuntamientos son también competentes para incoar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores de aquellos incumplimientos que tengan lugar dentro de estos ámbitos competenciales y que sean considerados como una infracción administrativa en materia de salud pública.

En concreto, el informe aclara que entrarían dentro de estos supuestos, y por lo tanto, dentro de las competencias de los ayuntamientos, el control y las sanciones sobre incumplimientos de actividades prohibidas, normas de aforo, horarios de cierre y, principalmente, el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla en actividades o espacios públicos.

Además, el informe precisa que no es necesario que los ayuntamientos aprueben una ordenanza para poder sancionar estos incumplimientos.

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